El Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció unos 184 casos sobre presunta trashumancia electoral de cara a los comicios territoriales de octubre próximo.

Por este mismo fenómeno la Procuraduría General de la Nación y algunas veedurías ciudadanas han manifestado su preocupación por la inscripción atípica de cédulas en varios municipios, que en ciertas situaciones incluso sobrepasa el censo de votantes que tiene la Registraduría Nacional.

“Hasta el momento el CNE ha recibido 184 casos de trashumancia electoral, que están siendo analizados por los despachos”, explicó la presidenta de este organismo, la magistrada Fabiola Márquez.

En el proceso para las elecciones territoriales de 2019, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la inscripción de 1.065.741 cédulas de ciudadanía, personas que hicieron ese trámite aduciendo que habían cambiado el distrito o municipio de residencia.

Sin embargo, el organismo tras hacer cruces de bases de datos del Estado como el Sisbén, determinó que se trataba de trashumancia electoral, es decir, personas que inscribieron su cédula en municipios donde no vivían buscando votar allí.

Esta conducta se tipificó como delito desde el 2017 buscando de esta manera ponerle fin a una vieja práctica en las elecciones colombianas, a la que recurren políticos deshonestos que trastean ciudadanos a regiones donde buscan ser elegidos gobernadores o alcaldes.

Las regiones que presentaron mayor trashumancia electoral en los comicios de hace 4 años fueron Antioquia, con 133.774 inscripciones de cédulas anuladas por el Consejo Nacional Electoral; Atlántico con 127.478; y Cundinamarca con 102.637.

El Consejo Nacional señaló que, en los comicios de 2019, los municipios que presentaron la mayor trashumancia fueron La Jagua del Pilar, en La Guajira, en donde se contabilizaron 2.174 casos, frente a un censo electoral de 3.277 ciudadanos.

El municipio de Ricaurte, en Cundinamarca, se registraron 5.094 casos de trashumancia, frente a un censo electoral de 12.161 ciudadanos. Y el municipio de Carmen del Darién, en el departamento del Chocó, en donde se presentaron 2.243 situaciones de trashumancia, contra un censo electoral de 6.314 personas.

Del mismo modo, en el municipio de Nariño, se presentaron 1.390 casos de trashumancia frente a un censo electoral de 4.438 ciudadanos.

En esa oportunidad el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Fiscalía General, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo, confrontar la información que reportó y “utilizarla como insumo para dar impulso a las investigaciones que cada entidad tiene en el marco de sus competencias”.

En febrero pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 002-23 con las instrucciones para ejercer la vigilancia preventiva al proceso de actualización de residencia electoral (inscripción de cédulas), en las elecciones de autoridades locales y regionales.

La directiva busca que los procuradores y personeros, en coordinación con los comités territoriales de control electoral, ejerzan las respectivas funciones de control y vigilancia, y que las autoridades electorales, por su parte, dispongan de la logística necesaria para garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho a la inscripción de cédulas.